martes, 26 de julio de 2011

LO PÚBLICO NO ES RENTABLE

            Desde que tengo memoria siempre se ha criticado al sector público por ineficiente en la gestión de recursos económicos y en la producción de bienes y servicios. En consecuencia el gobierno, los distintos gobiernos, empezando por los de Felipe González, pasando por los de José María Aznar y terminando por el actual de Rodríguez Zapatero, se han dedicado con entusiasmo a privatizar todo lo privatizable.
            Los objetivos declarados van desde aumentar la competencia a reducir la deuda pública. Sin embargo a menudo la competencia no aumenta y lo que era un monopolio estatal se convierte en un monopolio privado (o un oligopolio privado en el que las diversas empresas pactan precios y se reparten el mercado) que presta peor servicio a la ciudadanía y obtiene pingües beneficios en base a la falta de competidores, posición de dominio o al ya mencionado e ilegal pacto de precios.
            En cuanto a la reducción de la deuda pública que se puede alcanzar en un momento dado (si no se destinan los ingresos a cuadrar el presupuesto) no dura demasiado. El estado vuelve a endeudarse pero ya no tiene capacidad para repetir la operación, al privatizar se queda sin sector público que privatizar en un futuro.
            Los más ingenuos, sin conocimientos de economía ni información alguna sobre el volumen de las operaciones, creen que el estado tiene un gran agujero con las empresas públicas y que es imprescindible quitárselas de encima. No se dan cuenta de que si esas empresas no fueran rentables los capitalistas no querrían comprarlas. Ni que cuando se privatiza una empresa pública se privatiza perfectamente “saneada”.            
            Pero el caso más sangrante lo constituyen las reprivatizaciones. Una empresa privada, tiene pérdidas, enormes pérdidas. El estado se hace con ella. La compra, la expropia… destina unos fondos públicos para cuadrar sus cuentas, pagar a sus acreedores, salarios atrasados y cuando está saneada la privatiza. Es un monumental fraude a la ciudadanía que paga sus impuestos y que no puede impedir que el gobierno los destine a subsanar el desaguisado de un capitalista (consejo de administración) y que luego no pueda obtener un beneficio con la actividad de esa empresa sino que vea como se privatice a cambio de una pequeña cantidad que no compensa lo pagado por la empresa y por reflotarla. Así visto es una pésima operación, que obviamente endeuda al estado.
            Bueno, pues esta operación va a repetirse ahora con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Esta caja necesita 3.000 millones de euros, y el pasado viernes día 22 fue intervenida por el estado, quien después de reflotarla pretende reprivatizarla mediante una subasta (ya existen candidatos a la futura compra, y yo digo ¿Por qué no la compran ahora? No, primero el estado pone  3.000 millones de todos los contribuyentes –cantidad no recuperable- y luego, ya sí, ya vienen el Banco Santander o el BBVA y compran.
            En fin, si el estado se dedica a intervenir y nacionalizar empresas en dificultades económicas, sea por una mala gestión como parece ser el caso de CAM, sea por una delictiva apropiación indebida como sucedió en 1994 con Banesto, y a malbaratarlas una vez saneadas no es de extrañar que el estado esté endeudado. Irónicamente, los propios beneficiados de esa actividad reprivatizadota, acusan al estado de ineficiente y no dejan de exigir privatizaciones y liberalización de la economía.

martes, 19 de julio de 2011

LAS PENAS CON PAN SON MENOS PENAS


            El 5 de agosto de 2010 se produjo un derrumbe en una mina chilena. Dieciocho días después se localizó con vida a un grupo de 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad. Se desplazaron televisiones, radios y periódicos de todo el mundo para dar noticia del drama. Las televisiones hacían conexiones en directo para los telediarios de medio mundo, las radios entrevistaron a los familiares que se instalaron en las inmediaciones de la mina y a ingenieros de minas que nos pudieran ilustrar sobre las labores de rescate, la prensa explicaba mediante infografía los dos túneles que se estaban perforando, sus dimensiones y trayectoria. Nos contaron las condiciones de supervivencia y las labores de rescate; cómo se comunicaban con el mundo exterior y se les suministraba alimentos a través de una sonda.
            Chile echó el resto y consiguió sacarlos a la superficie tras 70 días de encierro, reduciendo a la mitad el plazo estimado para el rescate. El país estaba exultante. “Sí, sí, sí. Chile sí” se coreó aquellos días. El mundo, solidario, se enorgullecía de que por una vez, el progreso técnico hubiera servido para salvar vidas. Todo el mundo se sintió chileno por unos días, todos nos sentimos mineros.
            Sin embargo, una vez consumado el rescate, empezaron las especulaciones. Los medios trataron de entrevistar a los “héroes de Atacama”. Podían venderse exclusivas o venderse, colectivamente, derechos para hacer una película, o escribir un libro…
            Un año después del derrumbe, 31 de los 33 mineros que vivieron aquella odisea, demandan judicialmente al estado chileno 7.750 millones de pesos (más de 11,5 millones de euros). Alegan los demandantes que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) no fiscalizó de forma adecuada el yacimiento en el que se produjo el derrumbe.
            Demandar al estado chileno; demandar a “Chile, sí, sí, sí”, a sus compatriotas, que se gastaron cerca de 14 millones de euros en su rescate resulta indignante. Obviando el principio de causalidad, confundiendo causa y condición reclaman a quien tiene capacidad económica y se olvidan del responsable, que puede resultar insolvente. Los mineros no han demandado a la empresa que no aplicó medidas de seguridad sino al estado que, supuestamente, no fiscalizó a la empresa.
            Lamentablemente, esta práctica no resulta excepcional. También por estos lares, siguiendo el ejemplo estadounidense y del derecho anglosajón, se deja de lado la causalidad y vemos como afectados por un daño objetivo demandan judicialmente al estado o a cualquier administración pública para obtener una indemnización millonaria.