Esta
mañana he escuchado una reflexión de Iñaki Gabilondo sobre las diferencias
entre la reacción de EE.UU. y España en relación al terrorismo. Según parece
han surgido comparaciones entre la reacción de la ciudadanía estadounidense ante la clausura de una ciudad para dar caza a un terrorista tal y como se ha hecho en EE.UU. y el hipotético rechazo que en España hubiera generado una situación similar. Iñaki Gabilondo, desde su pretendida autoridad moral y competencia profesional, lo lamenta, como lamenta que a dos funcionarios de policía “que se han pasado la vida luchando contra el terrorismo” se les impute por colaboración con banda armada. Que sucediera eso en EE.UU. también le parece inimaginable y marca las diferencias entre un país y otro.
Yo, por
mi parte, creo que nada tenemos que aprender del “país de las libertades y de
la democracia”. El estado de derecho supone que hay un ordenamiento jurídico al
que están sujetos no sólo la ciudadanía sino también las autoridades. Las
garantías del ciudadano ante la ley (penal) empiezan por la presunción de
inocencia, el derecho a un juicio justo, sin dilaciones indebidas, por el juez
natural (vamos, nada de tribunales políticos como la Audiencia Nacional) y el
derecho de asistencia letrada, por un abogado de oficio si el detenido no
designa uno y a justicia gratuita si no dispone de medios.
Ayer
mismo oí en las noticias como, con total naturalidad, se decía que el detenido
(por el atentado de Boston) “no tendrá derecho de defensa por ser un caso de
seguridad nacional”… por cierto, qué juez decide qué o quién afecta a la
seguridad nacional y por tanto se juzgará sin derecho a la defensa, ¡ah! que no
lo decide ningún juez, que es la propia administración quién lo decide; la
misma que detiene e interroga, la misma que acusa. No parece que le vaya a
resultar muy difícil el caso al fiscal. Cierto es que esto (dejar sin derecho
de defensa a un detenido) es perfectamente coherente con perseguir
y asesinar disidentes y/o “enemigos” de la nacionalidad que sean, en cualquier
parte del mundo, pero eso no
quita para que nos escandalicemos y denunciemos públicamente la hipocresía del
país que se dedica a “exportar la democracia” por todo el mundo.
En
ocasiones se han anulado condenas por haber recaído en juicios sin las debidas
garantías procesales. El riesgo de que alguien sea juzgado en esas
circunstancias es uno de los criterios comúnmente admitidos para considerar
antidemocrático un determinado régimen. Aunque ese criterio no parece regir para
EE.UU. El país que se presenta como modelo del liberalismo y del respeto al
individuo se está revelando como el auténtico Leviatán que todo lo puede, y lo
puede por encima de las personas y de las instituciones y de los principios.
