Yolanda Barcina le ha visto las orejas al lobo, y ante la posibilidad de que una mayoría parlamentaria sacase adelante una Ley Foral que le obligase a pagar la paga extra de Navidad al funcionariado, se ha sacado un conejo de la chistera con el que pretende encantar al público. A anunciado el adelanto de la paga extra de julio de 2013 a enero de 2013 y la de Navidad de 2013 a mitad de año. Así, afirma, se evitará que el funcionariado deje de gastar 50 millones en el comercio navarro. Vamos, como si fuera una subvención finalista. ¿Quién se ha creído que es ella para decirme a mí cuándo y en qué debo gastarme la retribución de mi trabajo?
El descaro de esta política no tiene límite. Recordemos que en las fechas en que al funcionariado se le bajó el sueldo una media de un 5% ella se lo subió en torno a un 33% y encima pretende que se lo bajó (pero la ley de presupuestos está ahí con sus partidas de personal). Afirma que su antecesor ganaba más merced a un órgano opaco de Caja Navarra que presidía (y que no tenía ninguna función ni funcionamiento) y que tuvieron que suprimir cuando se conoció su existencia. Imagínense ustedes un trabajador pluriempleado que perdiera uno de sus empleos y fuera al otro diciendo “súbame el sueldo un 33% que no quiero perder capacidad adquisitiva y como ya no tengo el otro empleo…” También podemos recordar el chusco episodio que protagonizó al acabar la pasada legislatura. Ella había sido la alcaldesa de Pamplona y como no se presentó a las elecciones municipales (ella encabezó la lista de su partido a las forales) para el período que medio entre que se disolvió la corporación municipal y pudo tomar posesión de su cargo como parlamentaria foral pidió la reincorporación a su puesto en la Universidad Pública de Navarra. Diez y siete días en los que no tuvo que acudir al centro y por los que estuvo cobrando de la institución a la que luego recorta su presupuesto como Presidenta del Gobierno de Navarra.
Ahora, ante el Decreto de Mariano Rajoy que elimina la paga extra de Navidad, que no es ningún premio ni gratificación sino salario ordinario, salario diferido que se genera día a día desde el 1 de julio y se paga en diciembre; se presenta como “la convidada de piedra” que no tiene nada que hacer más que cumplir una ley “de obligado cumplimiento”, cuando la realidad es que se encuentra con 50 millones de euros sin pagar el precio político que supone quitar a 25.000 personas un 7% de su salario (e incluso hacerlo retroactivamente porque, como ya he dicho, el personal está trabajando desde el 1 de julio para cobrar ese dinero y el decreto se aprobó el 13 de dicho mes).
Lo que un gobierno autonómico tiene que hacer ante la legislación básica estatal es aprobar un instrumento normativo que la adapte (así lo ha hecho en anteriores ocasiones) pero ahora, cuando parece que en la cámara navarra podrían sumarse los votos de hasta 4 grupos parlamentarios alcanzando una mayoría absoluta que le impidiera la aprobación de un proyecto de ley con tal fin, ahora cuando sus avisos de que la abogacía del estado recurriría una norma navarra que le obligara a pagar lo que el estado quiere que no se pague, ahora se presenta como la defensora del autogobierno navarro y del personal de las administraciones públicas navarras al que paliará el impago de diciembre de 2012 con el adelanto de la extra de julio de 2013. Pero la cuestión es que ella deja de pagar una paga, porque salvo que en 2013 pagara 15 mensualidades en vez de las 14 que contempla la LORAFNA (por cierto, ley orgánica estatal y de obligado cumplimiento) no se compensaría al personal al que este año sólo pague 13.
