Carta abierta a Cospedal

            Señora Mª Dolores de Cospedal:

            Me permito hacerle unas aclaraciones motivadas por sus recientes declaraciones en defensa de la reforma laboral que el gobierno de su partido ha pergeñado.

            Es más que pretencioso afirmar que el país les respalda, porque han ganado unas elecciones recientemente. La reforma laboral no tiene el apoyo de todo su electorado y sin duda tiene el rechazo de quien no les votó. Me permito afirmar que no tiene el apoyo de su electorado porque en su programa no se recogían muchas de las modificaciones que contiene esta reforma, como tampoco incluía una subida del IRPF, más aún la posibilidad de una subida del IRPF fue expresamente negada por el cabeza de lista de Madrid y actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por lo que se puede afirmar que mintió en la campaña electoral.

            Por otra parte, decir que esta reforma se hace “para ayudar a más de cinco millones de personas que en nuestro país no pueden trabajar” es una tremenda irresponsabilidad. Enfrenta a las personas desempleadas con las personas trabajadoras en activo. Pero las enfrenta usted, porque la reforma no creará empleo.

            La reforma facilita y abarata el despido de quienes ahora están trabajando, pero quienes les sustituyan lo harán en unas condiciones que difícilmente les permitirá ganarse la vida. Las personas jóvenes que consigan acceder a un puesto de trabajo (puesto de trabajo del que previamente habrá sido despedida por poco dinero una veterana –este es el conocido efecto sustitución-), más pronto que tarde, serán despedidas (ese despido podrá llegar incluso antes de un año, que es el periodo de prueba en el cual despedir además de libre será gratis). En la medida que este nuevo ordenamiento se consolide la vida laboral de trabajadores y trabajadoras sufrirá un efecto Guadiana, con una interminable sucesión de contratos y despidos que les hará la supervivencia imposible al combinar periodos de trabajo mal pagados con temporadas de desempleo sin cobertura, para concluir sin poder acceder a una pensión de jubilación dado el reciente alargamiento del periodo de cotización para generar derecho a una pensión.

            En fin que para terminar con esa “terrible dualidad” que había en el mundo laboral con trabajadores fijos con antigüedad y “blindados” por una indemnización legal de 45 días por año trabajado y un tope de 42 mensualidades, y los jóvenes que no pueden acceder al mercado laboral y cuando acceden pueden ser despedidos por poco dinero; no hacía falta rebajar la indemnización por despido improcedente a 33 días por año trabajado con tope de 24 mensualidades. Bastaba con haber generalizado la indemnización de 45 días por año trabajado igualando a todos “por arriba”. Y es que el objetivo de esta reforma no es favorecer a jóvenes y desempleados frente a mayores y empleados, sino favorecer al empresariado a costa de las personas trabajadoras.

LAS PENAS CON PAN SON MENOS PENAS

            El 5 de agosto de 2010 se produjo un derrumbe en una mina chilena. Dieciocho días después se localizó con vida a un grupo de 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad. Se desplazaron televisiones, radios y periódicos de todo el mundo para dar noticia del drama. Las televisiones hacían conexiones en directo para los telediarios de medio mundo, las radios entrevistaron a los familiares que se instalaron en las inmediaciones de la mina y a ingenieros de minas que nos pudieran ilustrar sobre las labores de rescate, la prensa explicaba mediante infografía los dos túneles que se estaban perforando, sus dimensiones y trayectoria. Nos contaron las condiciones de supervivencia y las labores de rescate; cómo se comunicaban con el mundo exterior y se les suministraba alimentos a través de una sonda.

            Chile echó el resto y consiguió sacarlos a la superficie tras 70 días de encierro, reduciendo a la mitad el plazo estimado para el rescate. El país estaba exultante. “Sí, sí, sí. Chile sí” se coreó aquellos días. El mundo, solidario, se enorgullecía de que por una vez, el progreso técnico hubiera servido para salvar vidas. Todo el mundo se sintió chileno por unos días, todos nos sentimos mineros.

            Sin embargo, una vez consumado el rescate, empezaron las especulaciones. Los medios trataron de entrevistar a los “héroes de Atacama”. Podían venderse exclusivas o venderse, colectivamente, derechos para hacer una película, o escribir un libro…

            Un año después del derrumbe, 31 de los 33 mineros que vivieron aquella odisea, demandan judicialmente al estado chileno 7.750 millones de pesos (más de 11,5 millones de euros). Alegan los demandantes que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) no fiscalizó de forma adecuada el yacimiento en el que se produjo el derrumbe.

            Demandar al estado chileno; demandar a “Chile, sí, sí, sí”, a sus compatriotas, que se gastaron cerca de 14 millones de euros en su rescate resulta indignante. Obviando el principio de causalidad, confundiendo causa y condición reclaman a quien tiene capacidad económica y se olvidan del responsable, que puede resultar insolvente. Los mineros no han demandado a la empresa que no aplicó medidas de seguridad sino al estado que, supuestamente, no fiscalizó a la empresa.

            Lamentablemente, esta práctica no resulta excepcional. También por estos lares, siguiendo el ejemplo estadounidense y del derecho anglosajón, se deja de lado la causalidad y vemos como afectados por un daño objetivo demandan judicialmente al estado o a cualquier administración pública para obtener una indemnización millonaria.