El 5 de agosto de 2010 se produjo un derrumbe en una mina chilena. Dieciocho días después se localizó con vida a un grupo de 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad. Se desplazaron televisiones, radios y periódicos de todo el mundo para dar noticia del drama. Las televisiones hacían conexiones en directo para los telediarios de medio mundo, las radios entrevistaron a los familiares que se instalaron en las inmediaciones de la mina y a ingenieros de minas que nos pudieran ilustrar sobre las labores de rescate, la prensa explicaba mediante infografía los dos túneles que se estaban perforando, sus dimensiones y trayectoria. Nos contaron las condiciones de supervivencia y las labores de rescate; cómo se comunicaban con el mundo exterior y se les suministraba alimentos a través de una sonda.
Chile echó el resto y consiguió sacarlos a la superficie tras 70 días de encierro, reduciendo a la mitad el plazo estimado para el rescate. El país estaba exultante. “Sí, sí, sí. Chile sí” se coreó aquellos días. El mundo, solidario, se enorgullecía de que por una vez, el progreso técnico hubiera servido para salvar vidas. Todo el mundo se sintió chileno por unos días, todos nos sentimos mineros.
Sin embargo, una vez consumado el rescate, empezaron las especulaciones. Los medios trataron de entrevistar a los “héroes de Atacama”. Podían venderse exclusivas o venderse, colectivamente, derechos para hacer una película, o escribir un libro…
Un año después del derrumbe, 31 de los 33 mineros que vivieron aquella odisea, demandan judicialmente al estado chileno 7.750 millones de pesos (más de 11,5 millones de euros). Alegan los demandantes que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) no fiscalizó de forma adecuada el yacimiento en el que se produjo el derrumbe.
Demandar al estado chileno; demandar a “Chile, sí, sí, sí”, a sus compatriotas, que se gastaron cerca de 14 millones de euros en su rescate resulta indignante. Obviando el principio de causalidad, confundiendo causa y condición reclaman a quien tiene capacidad económica y se olvidan del responsable, que puede resultar insolvente. Los mineros no han demandado a la empresa que no aplicó medidas de seguridad sino al estado que, supuestamente, no fiscalizó a la empresa.
Lamentablemente, esta práctica no resulta excepcional. También por estos lares, siguiendo el ejemplo estadounidense y del derecho anglosajón, se deja de lado la causalidad y vemos como afectados por un daño objetivo demandan judicialmente al estado o a cualquier administración pública para obtener una indemnización millonaria.
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