lunes, 31 de octubre de 2011

TARTAS PARA BARCINA

            El pasado jueves tres activistas de Mugitu estamparon sendas tartas de merengue a la presidenta del Gobierno de Navarra cuando iba a tomar posesión como Presidenta de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP). Suficiente para que la ultraderecha mediática declarase roto por los “filoetarras” el final del cese definitivo de la lucha armada.
            Según los voceros de la oficialidad es un “atentado” contra una “institución democrática”. Olvidan que en un  atentado debe emplearse  fuerza, violencia, o intimidación. En cuanto a la “institución democrática”, y pensando en una democracia representativa burguesa, pregunto yo quién y cuándo han elegido a los componentes de esa Comunidad de Trabajo de los Pirineos. ¿Acaso, unos presidentes de gobiernos a los que no ha elegido el pueblo (a presidentes los eligen los parlamentarios, y a los miembros de los gobiernos los presidentes) pueden crear y conformar cuantos órganos puedan imaginar y que naturalmente revestirán carácter democrático?
            Igualmente consideran que la construcción del TAV es una decisión democrática a pesar de que el pueblo no se ha pronunciado sobre ella. La deciden los gobiernos al margen de cualquier participación popular, con ocultación de información y contra los intereses del pueblo, con grave destrucción medioambiental, falta absoluta de rentabilidad económica y dirigido al uso de una minoría.
            El Gobierno de Navarra califica como atentado a la autoridad una acción de protesta de caracter burlesca y pacífica, para poder encausar a los activistas ya que en el estado francés, donde se produjo la acción ni hubo detenciones ni acusación judicial. En tal sentido ha sido la Policía Foral quien ha hecho las detenciones en suelo navarro llegando a obtener el ADN durante los arrestos, contra la voluntad de los detenidos y sin cobertura legal puesto que sólo se puede obtener para el esclarecimiento de un delito y no es el caso ya que la acción ha sido pública y en consecuencia además de no ser delictiva no cabe averiguación en cuanto a la autoría.
            La última cuestión que ha suscitado es la necesidad de que los representates políticos “condenen” (palabra mágica de efectos exorcitantes) la acción/atentado. La no condena por parte de Bildu se ha esgrimido como motivo para una nueva ilegalización. Por mi parte, considero  que condenar es función de los jueces y que esta acción, lejos de ser rechazable, es perfectamente legítima y válida como forma de protesta.

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