El Círculo de empresarios ha dado sus recetas para evitar el rescate al que parece abocado el estado español: reformar las pensiones, las prestaciones por desempleo y las remuneraciones de los empleados públicos.
Hay una serie de organismos: cámaras de comercio, círculo de empresarios, thing that diversos y organizaciones patronales que funcionan como lobbies; auténticos grupos de presión que pretenden influir en los gobiernos (algunos no necesitan mucha influencia para llegar a parecidas conclusiones), a la vez que crear un estado de opinión y difundir su ideario ultraliberal.
La última del Círculo de empresarios plantea retrasar la edad de jubilación, cuyo principal efecto es impedir el acceso al trabajo a cientos de jóvenes que no encuentran su primer empleo. No se han debido enterar de que tenemos la tasa de paro en el estado españl ronda el 25% y la juvenil supera el 50%.
También han propuesto que se considere toda la vida laboral para el cálculo de la jubilación. Esto tampoco resuelve ningún problema (ni el déficit público, ni la cara financiación que tiene el estado español en los mercados internacionales). Lo que en realidad pretenden es asustar a la gente con el futuro de las pensiones, que la gente crea que no va a acceder a una pensión pública o que esta será muy pequeña. Si se consolida esa idea conseguirán derivar a la gente hacia el sector privado (planes de pensiones, primero complementarios y en un futuro alternativos).
No se quedan ahí, también quieren reformar las prestaciones por desempleo ligándolas a aceptar ofertas de empleo. Cómo piensan hacerlo, si ni siquiera hay ofertas en las oficinas de empleo porque el gobierno, con su política de austeridad, ha deprimido completamente la economía. Pero es que además, Rajoy ya ha atacado la prestación por desempleo con su decreto de julio, cuando redujo la prestación por desempleo del 60 al 50% a partir del sexto mes para "animar la busqueda de empleo". Eso es una auténtica canallada. Dejar a la gente que está viviendo con 600 euros mensuales con tan solo 500 euros es condenar a la gente a la miseria.
La última de las propuestas de este lobby consiste en reducir la masa de empleados públicos, empezando por rebajar la tasa de reposición. El efecto inmediato es el mismo que el retraso de la jubilación: aumento del desempleo. Dicen que en los últimos años ha aumentado el gasto salarial. Normal, es que también ha aumentado el funcionariado. Más personas trabajando en la función pública, prestando más servicio público. Y si se reduce el funcionariado no se podrá dar el mismo servicio (en calidad y en cantidad). Teniendo en cuenta aque el grueso del funcionariado está en educación y sanidad (que son los pilares del estado del bienestar) pues eso es lo que tenemos en juego: la educación y la sanidad públicas, de calidad y universales. Y a partir de ahí: sanidad y educación privadas para quienes se lo puedan pagar.
La otra fórmula para rebajar el gasto en personal es "adaptar el salario a las condiciones de mercado". Habría que recordarles que el funcionariado en tres años ha tenido una bajada salarial del 5% de media, dos congelaciones agravada la de este año con la supresión de la paga de Navidad, que no es ningún extra, sino salario ordinario diferido y que supone otra bajada del 7%. También se ha alargado la jornada laboral que, obvio es, supone abaratamiento salarial y nuevos despidos.
Después de soltar todo esto dicen, con la mejor de las sonrisas, que hay que hablar sin prejuicios. Bien, pues hablemos sin prejuicios, pero hagámoslo de reparto del empleo, reducción de jornada laboral (trabajar menos para que trabajemos todos y todas).
Hablemos de fiscalidad: de perseguir el fraude fiscal como proponen los Inspectores de Hacienda. De progresividad del sistema. De gravar a las SICAV, de gravar las transacciones monetarias. De impuesto de Patrimonio...
Hablemos de como la subida de tasas universitarias supone negar el acceso a la educación superior a cientos de jóvenes de familias humildes. Y de como afecta a la cohesión social.
Hablemos de como la condena en costas en el orden contencioso administrativo afecta a la igualdad ante la ley, porque está claro que la condena en costas es un riesgo que no todo el mundo puede correr.
Hablemos sin tapujos y digamos que la privatización del sector públicos empresarial que vienen haciendo en los últimos años supone transferir al sector privado las infraestructuras públicas (por ejemplo, ferrocariles) que hemos pagado entre todos para que las exploten unos cuantos empresarios.
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